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El caso de Jacobo Barchín, abre nuevas esperanzas.

La vida de Jacobo Barchín, un guardia civil de 34 años nacido en el pueblo conquense de San Clemente y destinado en el municipio alicantino de El Campello, cambió por completo el 2 de diciembre de 2020. Aquel día sufrió un grave accidente cuando al salir con su bicicleta cayó dentro de una arqueta abierta y sin señalizar en una carretera estrecha, impacto que le provocó una lesión medular que le dejó en silla de ruedas.


Durante estos tres años y medio, ha realizado rehabilitación diaria mientras lucha por seguir siendo Guardia Civil, ya que se siente con toda la fuerza del mundo, la capacidad, la validez y la autosuficiencia para reincorporarse a su puesto de trabajo; eso sí, adaptado a su nueva situación. Algo de lo que existen precedentes en otras instituciones oficiales como el Ejército y la Policía Nacional, pero que la Benemérita se niega a hacer propio, rechazando hasta en tres tribunales médicos su alta y recomendando su incapacidad permanente y consiguiente pase a retiro.


Se ha enfrentado a tres tribunales médicos; dos en Valencia y un último en el Hospital Gómez Ulla de Madrid y, en todos ellos, han propuesto la incapacidad permanente y el pase a retiro. La Guardia Civil se basa en que no puede desarrollar su trabajo en patrulla y enfatiza en el grado de discapacidad que le reconocieron -un 70%- para tomar esta decisión, que no comparte Jacobo quien cuenta con la ayuda jurídica de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).


Año y medio después del accidente, se sometió al primer examen del tribunal médico en Valencia, donde los facultativos se sorprendieron de su recuperación. No obstante, solicitaron el certificado con el grado de discapacidad, que no disponía en ese momento, y una vez entregado le dijeron que con el 70% no le podían devolver a su puesto e incluso le sugirieron que «se buscara una asociación para estar entretenido», según argumenta su mujer.


En verano de 2023 alegó considerar que le estaban discriminando y fue derivado al tribunal médico del hospital madrileño Gómez Ulla, a principios de este año. Durante esta última visita incluso le han aumentado el grado de discapacidad y vuelven a proponerle para retiro e incapacidad permanente.



Ahora, el Director General de la Guardia Civil, Leonardo Marcos González, ha comunicado al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) que desde su Institución se están “impulsando modificaciones legislativas y reglamentarias para la continuidad en el servicio de los guardias civiles que se vean afectados por cambios en sus condiciones psicofísicas”.


Cabe recordar a la Guardia Civil que, en estos momentos el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social, promueve una reforma del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores para suprimir la extinción de la relación laboral por incapacidad permanente sobrevenida, declarada discriminatoria por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una reciente sentencia, de obligado cumplimiento. Esperemos que este caso marque un antes y un después en una institución que mantenía aún obsoletos ciertos aspectos relacionados con la discapacidad y la igualdad.

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